El Ejecutivo Nacional tomó la apropiada determinación de prohibir los avisos prostibularios en el día de ayer. Creemos que los crudos y contundentes informes internacionales sobre la cuestión de tráfico de personas en nuestro país fueron un fuerte impulso fundamental para que la presidenta Cristina Fernández tomara la decisión que desde hace años venían reclamando un arco amplio de ong’s antitrata, periodísticas y hasta el propio gobierno con un informe del INADI.
Desde la Alameda creemos que es un paso. Aunque falta dar muchísimos otros para derribar un mecanismo perverso que nutre a varias ramas de la economía local con medio millón de personas en situación de esclavitud que fueron traficadas desde países extranjeros o internamente.
Por impulso de las organizaciones de la sociedad civil, que se reunieron por primera vez el año pasado en Villa María provincia de Córdoba, para enfrentar a estas estructura mafiosas antihumanas es que el Congreso Nacional llegó a mitad del2010 aun acuerdo parlamentario entre todos los bloques para reformular la ley de trata.
Uno de los puntos del acuerdo es la quita en la ley del consentimiento, que no penaliza el tráfico de adultos. La Constitución Nacional y nuestro régimen jurídico no acepta este delito aunque la propia víctima diga que lo avala, y la mayoría de las veces lo declara en allanamientos con procedimientos irregulares ya que las consultas se realizan delante de sus propios victimarios en el contexto de sometimiento. El consentir el delito generó que cientos de criminales no sean encarcelados, ni juzgados.
Las penas para los traficantes de personas son ridículas. No se puede seguir aceptando que el robo de ganado, conocido como abiegato, tenga mayores penas que el tráfico de seres humanos.
Tercero la asistencia a las víctimas de trata es un completo desmadre que va de la mano de la impunidad a las mafias. Ya que no asistir a las víctimas genera que no haya testimonios como prueba para encarcelar a los mafiosos que esclavizan gracias al mecanismo de la trata. En varias causas judiciales las víctimas quedan a su suerte, o sea nuevamente cooptadas, por el actuar de la Oficina de Recate y Asistencia de Víctimas de Trata. De hecho su titular la licenciada Zaida Gatti fue denunciada penalmente por intimidar a una víctima que había sido esclavizada en un prostíbulo. El apriete que soportó esta víctima fue dentro de un juzgado federal en el momento previo de una ronda de reconocimiento.
Una de las alternativas propuestas por las ong’s al Congreso Nacional fue la incautación de bienes a las organizaciones criminales con reutilización social en la reinserción de las víctimas. Los líderes de los bloques mayoritarios se niegan a este punto.
La confiscación de bienes tiene un cas notorio que fue a maquinarias de un taller textil esclavista. Hoy esa máquinas de alta complejidad conforman el Polo Textil que tiene capacidad para 200 costureros que fueron esclavizados. Se organizan en cooperativas y con el apoyo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Tampoco se ha producido en la Ley de Trata una marcada lucha contra los criminales. Las condenas en todo el territorio nacional no superan la decena. Reclamamos que exista una política de Estado a través de la Procuración Nacional para la erradicación de las estructuras criminales.
La investigación sobre los avisos prostibularios en los diarios nacionales por parte de diversas organizaciones de la sociedad civil se produjo en diciembre de 2009. Gracias a ello dimos cuenta de 613 prostíbulos solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La denuncia en conjunto con las ong’s, partidos y vecinos fue presentada ante el Procurador Nacional, Esteban Righi, el jefe de los fiscales que emitió dos resoluciones contra las casas de tolerancia en respecto a la ley nacional de Profilaxis.
Por otra parte, el Foro de Periodismo (FOPEA) emitió un comunicado manifestando su preocupación por “la persistente publicación, en diferentes medios gráficos nacionales y regionales, de publicidades que promueven la prostitución y la trata de personas en sus distintas formas”.
También en 2009, un equipo jurídico y técnico del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), elevó un informe a la Procuración General de la Nación, mediante el cual solicita una investigación sobre este tipo de avisos, con el propósito de develar “si promueven el negocio de la trata, si existe violencia mediática contra las mujeres o si promueven o facilitan la corrupción de menores de edad”.
Los propietarios de los medios en general afirman que se atenta contra la libertad de prensa si se le prohíbe propagar los anuncios prostibularios. Para los diarios de mayor tirada de Argentina, el “negocio” representa un ingreso de hasta un millón de pesos mensuales.
Fuente: http://laalameda.wordpress.com/
